La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, este viernes, el informe final que recomienda la procedencia de la denuncia constitucional presentada contra el expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
Con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, dicho grupo de trabajo parlamentario aprobó el referido informe que, además, propone la inhabilitación para ejercer la función pública, por 10 años, contra los denunciados.
La encargada de sustentar el informe final fue la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) quien indicó que la conclusión recomendaba las referidas inhabilitaciones y el archivo de los cargos contra el parlamentario Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo.
“Hemos determinado en la conclusión que, de conformidad con lo establecido en […] el Reglamento del Congreso y en virtud de haber seguido un debido proceso, ceñido a la Constitución, al Reglamento del Congreso, la jurisprudencia y doctrina pertinente, dando el derecho a que las partes expongan sus posiciones, consideramos [que] las conclusiones arribadas […] son constitucionalmente justas, considerando los motivos expuestos y que las medidas sugeridas a adoptarse se encuentran dentro de los parámetros normativos, y a las cuales creemos efectivos para el cumplimiento de la finalidad del proceso de acusación constitucional”, señaló Zegarra.
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