Se cumple un año desde que Japón detectó el primer caso de la COVID-19 en el país, que recientemente ha declarado un segundo estado de emergencia en varias regiones por el alarmante aumento de contagios y muertes: en torno al 40 % del total se han producido en el último mes.
Japón confirmó su primer caso el 15 de enero de 2020 (aunque informaría un día después): un varón de nacionalidad china residente en la prefectura de Kanagawa (al sur de Tokio) que había visitado la ciudad china de Wuhan, desde donde se propagó el virus.
En los meses siguientes los casos aumentaron progresivamente y el país declaró su primer estado de emergencia el 7 de abril en Tokio y otras seis prefecturas (se ampliaría posteriormente a todo el país), cuando el total de infectados rondaba los 4 300 y los nuevos contagios diarios no superaban los mil.
Según el último informe nacional sobre la COVID-19, Japón sumó más de 6 600 nuevos casos el jueves, hasta 309 214. Las muertes en el país vinculadas a la pandemia se situaban en 4 315.
Según cálculos efectuados por EFE, usando los datos del informe oficial del Ministerio de Salud de Japón, el 41 % de los casos y el 39 % de las muertes se registraron en el último mes.
Las autoridades de Tokio informaron hoy de 2 001 casos nuevos sólo en el área capitalina.
El informe nacional de este viernes se publicará mañana, pero según el recuento que efectúa en tiempo real la cadena pública NHK, la cifra a diaria superará al menos los cuatro millares.
Esta tendencia al alza que Japón experimenta desde noviembre llevó al Gobierno central a declarar un segundo estado de emergencia el 7 de enero que actualmente afecta a once de las 47 prefecturas del país, en las que se concentra más de la mitad de su población y donde se han producido en torno al 80 % de los casos de la COVID-19.
La alerta sanitaria japonesa, que no incluye el confinamiento de la población, sí la insta a no realizar salidas innecesarias y a los comercios de la hostelería a adelantar su cierre a las 20.00 horas.
El archipiélago también ha prohibido, al menos hasta el fin de la declaración (prevista para el 7 de febrero), la entrada al territorio de quien no sea residente, siempre con excepciones.
La nueva emergencia sanitaria ha sido acogida con indiferencia por muchos japoneses, razón por la que el Ejecutivo está estudiando implementar multas y hasta penas de cárcel para los pacientes de la COVID-19 que rechacen la hospitalización (en principio obligatoria en Japón) o se nieguen a colaborar en el rastreo de contactos. También para los negocios que incumplan órdenes de cierre. (EFE)
